C olombia cumple cinco años de implementar la certificación de discapacidad, un documento con el que el país busca que las personas con disc...
En la teoría todo esto funciona, pero en la práctica no. La resolución 113 de 2020 estableció que dicho documento debe ser expedido por una Institución Prestadora de Salud (IPS) autorizada, después de una valoración realizada por un equipo multidisciplinario, y registrado en la plataforma de Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). La información debe ser “utilizada para apoyar la construcción de políticas públicas y el desarrollo de planes, programas y proyectos, orientados a la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, como medio de verificación o priorización para programas sociales y para el redireccionamiento a la oferta programática institucional”, señala la resolución.
Lo cierto es que las personas tienen todo tipo de trabas para obtener la certificación, que van desde obtener las citas con las IPS, surtir los diferentes procesos administrativos, contar con que el territorio tenga los recursos para las valoraciones hasta disponer de los equipos multidisciplinarios con los conocimientos necesarios para la valoración, como indica el informe de investigación Impulso a la certificación de discapacidad en Colombia: La percepción de actores estratégicos de la Fundación Saldarriaga Concha.
Este documento analiza las implicaciones que ha tenido el proceso de certificación en el país a los cinco años de ser establecido desde la voz de los usuarios, es decir, desde PcD, familias, profesionales de la salud, líderes de organizaciones de PcD y representantes de IPS, entre otros. Su conclusión es categórica: “en vez de ser una puerta abierta a derechos y oportunidades se ha convertido en un laberinto burocrático que excluye y margina a quienes más necesitan el apoyo del Estado”.
Barreras y no puertas de entrada
Al 12 de marzo de 2025, un total de 447.363 PcD están con certificado de discapacidad y registradas en RLCPD. Según esta plataforma, el mayor número de PcD con certificación se encuentra en Bogotá (70.922), seguido por Antioquia (40.140) y Valle del Cauca (30.906).
El departamento con menos registro es Vaupés (179). En cuanto a regiones, el mayor número está en la región Andina, seguida por la región Caribe. “Una cifra baja si se tiene en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que en el mundo las PcD son el 15% de la población mundial. En Colombia, el DANE estima que un 5,6% de la población mayor de 5 años tiene algún tipo de discapacidad, lo que representa cerca de 2,65 millones”, señala Lina María González, líder de Salud y Bienestar de la Fundación Saldarriaga Concha e investigadora principal del informe.
Este documento identifica ocho barreras como las que más han impedido incrementar este número de PcD certificadas:
Falta de formación. Los profesionales de la salud y tomadores de decisiones a nivel nacional no conocen con certeza el proceso de certificación y no tienen claridad sobre el alcance del Certificado de Discapacidad y sus beneficios.
Dificultades en el proceso. Las IPS y los profesionales certificadores expresan la inconformidad por la complejidad administrativa y la escasez de recursos.
Alta rotación. No es constante la continuidad del personal de las entidades encargadas de realizar la certificación, lo que conlleva a que los procesos se estanquen y las PcD queden atrapadas en la burocracia, sin poder avanzar hacia la obtención de su certificación.
Brecha tecnológica y falta de infraestructura. Una cantidad importante de municipios de Colombia, especialmente en las regiones rurales y apartadas, no tiene conectividad ni recursos para que las PcD puedan acceder a los centros de certificación o a modelos de atención a través de la telemedicina, con el fin de obtener un diagnóstico y una valoración multidisciplinaria.
Tiempos extensos de espera. En lugares donde sí existen IPS para hacer la valoración o modelos de telemedicina no es fácil obtener una cita para la valoración multidisciplinaria.
Poca información. Las PcD, sus familias y líderes de organizaciones no saben de la existencia del Certificado de Discapacidad, y aquellas que la conocen, no comprenden la ruta que deben seguir para obtenerlo y mucho menos de los beneficios con los que cuenta la PcD una vez tiene la certificación.
Escasez de recursos. Las entidades territoriales tienen el gran desafío de contar con los recursos financieros y humanos requeridos para cubrir las demandas del proceso.
Impacto del conflicto armado. Las dinámicas que se dan en departamentos como Vaupés, Nariño, Chocó y Amazonas, afectados por el orden público, impiden que se lleven a cabo los procesos de certificación.
¿Qué hacer?
Pese a estos obstáculos, el informe reconoce que en algunas regiones del país se han hecho esfuerzos en la articulación entre entidades públicas y privadas para agilizar la certificación y ampliar su cobertura. Las iniciativas han surgido desde las IPS certificadoras, las Secretarías de Salud Municipales y los líderes de las personas con discapacidad, es el caso de Girón (Santander), Bogotá D.C e Icononzo (Tolima).
Estas experiencias exitosas, que son la excepción y no la norma, así como lo señalado por los diferentes actores consultados por los investigadores, sugieren una serie de cambios estructurales y operativos en el proceso de certificación. Algunos de esos cambios son:
Fortalecer la educación y las campañas de sensibilización a los profesionales a cargo de la certificación y que interactúan con esta población.
Orientar a los miembros del Consejo General de Educación Médica en temas de certificación de discapacidad, promover espacios de articulación en las salas de educación médica e implementar estrategias para fomentar la autorregulación en el sector médico.
Asignar a los territorios durante el primer trimestre de cada vigencia los recursos que vienen del nivel nacional, garantizando la continuidad del proceso de certificación. También se debe determinar la obligatoriedad de los gobiernos departamentales y distritales para incorporar los recursos nacionales al presupuesto local de manera oportuna, no mayor a dos meses después de haber sido asignados.
Diseñar estrategias de comunicación y difusión del proceso de certificación y sus beneficios en un lenguaje claro y entendible para las diferentes PcD. Tarea que se debe realizar de la mano de las organizaciones de base comunitaria y los colectivos de discapacidad para diversificar los recursos y los mecanismos de difusión.
Replantear las formas del trámite de la certificación para que se simplifique la verificación de los diagnósticos, sobre todo cuando estos son evidentes. Esto facilita validar el diagnóstico relacionado con la discapacidad, con la documentación de la historia clínica previamente a la valoración interdisciplinaria.
Mejorar la conectividad y accesibilidad en todo el territorio nacional.
“Colombia tiene la oportunidad de convertirse en un referente de inclusión social en América Latina, pero para ello es imprescindible que se revisen y reformen las políticas actuales. Solo a través de un esfuerzo conjunto podremos garantizar que todas las personas con discapacidad en el país tengan el acceso pleno a sus derechos y puedan vivir con dignidad y autonomía”, sintetiza González.
URL infografía: https://bit.ly/44qOK7y
Testimonios
“La neuróloga me dijo que lo sacara para que lo incluyeran en varias cosas”. “En el colegio me lo pidieron (Certificado de Discapacidad)”. “Es como un documento de identidad”. “Que yo sepa exactamente para qué sirve, no”. (Testimonios de varias PcD).
“Las personas sordas necesitamos la información en lengua de señas, que se graben videos y que la masificación de la información que se brinda sea en nuestra lengua para que podamos entenderlo bien y saber qué hacer”. (Persona sorda de Barranquilla).
“En los pueblos es muy complicado encontrar buenos soportes médicos, valoraciones por neuropediatra, valoraciones por psiquiatras; en general, los niños tienen muchas barreras para poder acceder a una buena historia clínica. Eso dificulta mucho hacer el certificado, porque no hacemos un certificado a un niño cuando dice que tiene trastorno de ansiedad o depresión y viene valorado solo por un médico general […]. Ese tipo de valoraciones no las hacemos porque creemos que esos no son los soportes suficientes para poder darle un diagnóstico”. (Fisioterapeuta de Pereira).
COMMENTS