AUTORIDADES SORPRENDEN en flagrancia y suspenden explotación ilegal de carbón.

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La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, con el acompañamiento del Ejército, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional, suspendió en las últimas horas las actividades de extracción y explotación ilegal de carbón de piedra en un predio de la vereda Ramada Flórez, del municipio de Lenguazaque, en el Valle de Ubaté.

Este es un nuevo golpe de la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental - UIGA, de la CAR, un cuerpo especializado de la autoridad ambiental que trabaja en forma articulada con el Grupo de Caballería Mediano # 13 Tequendama del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el Grupo de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, para poner freno a actividades que puedan representar daño o peligro a los recursos naturales, al medio ambiente, al paisaje o a la salud humana.

El operativo duró cerca de una hora y media y en el sitio se encontraban presentes dos particulares que se identificaron como los administradores y socios de la mina, así como algunos trabajadores que fueron saliendo a la superficie durante la diligencia.

Esta acción partió de un trabajo de inteligencia con una planeación cuidadosa y detallada de la zona, de los movimientos de sus operarios y del conocimiento riguroso del expediente, puesto que se trata de una mina que está amparada por un contrato de concesión otorgado por la autoridad minera (Agencia Nacional de Minas) pero que no tramitó la correspondiente licencia ambiental ante la CAR, lo cual hace que su operación sea ilegal.

“Cuando nuestros equipos y la fuerza pública llegaron al lugar pudieron establecer que, aun cuando se trata de una operación mecanizada, todas la infraestructura utilizada demuestra una extracción a gran escala”, explicó el director de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, al referirse, entre otras al tamaño de la tolva metálica instalada en el sitio, con 60 toneladas de capacidad, y que estaba ocupada con al menos, 20 toneladas al momento del operativo, lo que demuestra los grandes volúmenes de producción que venía manejando.

Además de la tolva de acopio, en el lugar se identificaron puntos como la bocamina, (entrada al pozo o socavón), un malacate tipo industrial, un patio de acopio de maderas, un cuarto de herramientas, un patio de maniobras y un patio de acopio de estériles.

Los profesionales de la UIGA iniciaron la identificación de los daños ambientales, marcados sobre todo por la afectación al recurso suelo debido a los efectos de la acidez de las aguas derivadas del proceso, a la acumulación de metales pesados que reduce la porosidad, altera la retención de nutrientes y deteriora la fertilidad. A esto se suma la evidencia de vertimientos de aguas residuales provenientes de la bocamina. También se pudo comprobar la destrucción del recurso flora, representado en la pérdida de cobertura vegetal en un área aproximada de 700 metros cuadrados, generada por la instalación de la infraestructura minera descrita.

Y, desde luego, se evidenció la afectación del recurso paisaje, debido al cambio en el contraste visual generado por las modificaciones en la forma y textura del relieve, asociado a los cambios en los atributos naturales y a la integridad escénica del entorno.

“Es lamentable que, ofreciendo todas condiciones para asesorarlos en su proceso de solicitud de licencia ambiental, algunas personas opten por seguir operando por fuera de la normatividad. No nos oponemos a ninguna actividad productiva siempre que se haga de manera legal, ambientalmente sostenible y sin poner en riesgo el equilibrio de los ecosistemas”, subrayó el director Ballesteros.

A la decisión de suspender de manera inmediata las actividades de extracción y explotación de carbón, se suma la posibilidad de que Corporación aplique otro tipo de sanciones, como por ejemplo multas que oscilan entre 50 y 100 mil salarios mínimos legales mensuales. La Policía por su parte realizó las respectivas capturas y puso a los responsables a disposición de la Fiscalía, quienes podrían enfrentar penas entre 32 y 144 meses.

Ximena Cortes León 

cortesximena310@gmail.com