366 CASOS DE PRESUNTAS APUESTAS ilegales fueron trasladadas a la Fiscalía

C oljuegos trasladó a la Fiscalía General de la Nación 366 procesos para que se investigue a personas naturales y jurídicas que habrían incu...

Coljuegos trasladó a la Fiscalía General de la Nación 366 procesos para que se investigue a personas naturales y jurídicas que habrían incurrido en el delito de operar juegos de suerte y azar sin autorización, y que, por ende, habrían dejado de transferir millonarios recursos para el sistema de salud.

Según el presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, entre las denuncias trasladadas se encuentran 312 procesos que estaban paralizados en la entidad desde hace más de 3 años: “Nosotros decidimos desarchivar y trasladar estos casos, con el objetivo de que los responsables de desfalcar al sistema de salud le rindan cuentas a la justicia”.

Así pues, los procesos que investiga la Fiscalía abarcan actividades ilícitas como la operación no autorizada de máquinas electrónicas tragamonedas, módulos de apuestas por internet y otros juegos que no pagan los respectivos derechos de explotación y gastos de administración.

“A diferencia de las administraciones pasadas, podemos decir que nosotros sí hemos dado traslado inmediato ante la Fiscalía de los 57 procesos que hemos abierto durante el último año. Esto con el propósito de dar celeridad a las investigaciones y judicializar a quienes defraudan la salud”, agregó Hincapié.

De igual manera, el presidente de la entidad explicó que estas denuncias tienen como fin el inicio de investigaciones penales que permitan garantizar los derechos que le asisten a Coljuegos, dado que la entidad se constituye como víctima de las estructuras criminales que se financian a través de las apuestas ilegales.

Por todo lo anterior, vale decir que operar juegos de suerte y azar sin autorización es un delito contemplado en el artículo 312 del Código Penal, relacionado con el ejercicio ilícito de la actividad monopolística de arbitrio rentístico.

Además de ello, los responsables podrían incurrir en otros delitos como el lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito, así como la posibilidad de afrontar un proceso por extinción de dominio de los bienes inmuebles que hayan sido utilizados para la operación de juegos ilegales.