PROSPERIDAD SOCIAL lanza campaña para la prevención de estafas y robo de datos

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Prosperidad Social lanzó esta semana una campaña para responder al aumento de intentos de estafa o robo de datos, en los que los delincuentes usan como excusa los programas de transferencias monetarias de la entidad. La campaña se llama “.gov.co o el sellito azul”: hace pedagogía sobre los canales de verificación de la información de los programas sociales.

La entidad ha detectado que los estafadores suplantan a servidores públicos para solicitar dinero o datos en páginas web, cadenas de WhatsApp, perfiles en redes sociales y llamadas telefónicas. Prometen inscribir a las familias para recibir el incentivo económico de los programas de transferencias monetarias. Por eso, recuerda que el acceso a sus programas sociales no requiere intermediarios: cualquier cobro que alguien pretenda por el acceso o gestión ante la entidad es ilegal.

Muchas de las estrategias con las que hacen trampa a la ciudadanía llegan como ofertas falsas de programas sociales, a través de las redes o sitios web falsos. La campaña recuerda que todos los sitios web de las entidades del Gobierno en Colombia, que son canales principales para obtener información veraz sobre la oferta para población en situación de pobreza, terminan en “.gov.co”; y que las redes sociales están certificadas con el “sellito azul”. Insiste a la ciudadanía en que consulte toda la información de los programas en los medios oficiales: líneas telefónicas, página web y redes sociales institucionales.

La campaña se adelantará por medios digitales y canales de atención. Será amplificada a través de una sinergia de Gobierno: las entidades la replicarán a través de sus redes sociales o la adaptarán según los servicios que presten. En el robo de datos o el intento de fraude es frecuente el uso de mensajes falsos sobre la oferta social del Gobierno.

Son cinco programas de transferencias monetarias. Tres de transferencias monetarias no condicionadas: Ingreso Solidario, Devolución del IVA y Colombia Mayor; y dos condicionadas al cumplimiento de compromisos: Familias en Acción y Jóvenes en Acción.

• Ingreso Solidario entrega una transferencia mensual a hogares que no reciben otra ayuda a través de programas del Estado. No tiene inscripciones, registro a través de ningún medio, ni cobros por trámite. Los hogares son focalizados con herramientas como el Sisbén.
• La Devolución del IVA entregará 80.000 pesos bimestrales en 2022 a los hogares vinculados. No tiene inscripciones. Busca que las familias de menores ingresos, que ya están identificadas, reciban recursos que alivien el impacto que genera un impuesto a las ventas.
• Colombia Mayor entrega 80.000 pesos mensuales a los adultos mayores que se encuentran desamparados, que no cuentan con una pensión o viven en la extrema pobreza. Las inscripciones al programa se realizan en las alcaldías municipales.
• Familias en Acción entrega recursos según una tabla de incentivos en salud y educación, conforme al grado de escolaridad del niño, niña o adolescente. Los hogares deben cumplir compromisos, como la permanencia en la escuela y los controles de salud. Las inscripciones se retomarán después de la contienda electoral, en los puntos definidos para esta tarea. No requiere de intermediarios.
• Jóvenes en Acción entrega incentivos a estudiantes en situación de pobreza y vulnerabilidad, para que se sostengan en la educación superior: reciben entre 400.000 y 600.000 pesos. La entidad informará sobre las inscripciones en los medios oficiales. No requiere de intermediarios.

La directora de Prosperidad Social, Susana Correa Borrero, informó: “Con estos programas, el Gobierno ha entregado 28,8 billones de pesos, sólo este año, para la atención de más de 10 millones de beneficiarios en el país. Por eso debemos cuidarlos, informarnos bien y participar cuando las condiciones se den”.

Las transferencias han contribuido a reducir el impacto de la crisis en el crecimiento de la pobreza en el país. El DANE registró en sus cifras de pobreza monetaria para 2020 que el total de las ayudas institucionales evitó que la pobreza monetaria se incrementara en 1,8 millones de personas, y que 2,3 millones de personas cayeran en pobreza extrema.